1 sept 2022
Fiscalía Metropolitana
La resolución requiere la entrega de 18 categorías específicas de información y documentación bancaria vinculada a Juan Luis Bosch Gutiérrez (pasaporte No. A1425075) y a Villamorey, S.A. (Folio 9146, Rollo 367, Imagen 303, Sección Mercantil), en el marco de la investigación por presuntos delitos contra el orden económico, contra la fe pública y otros, identificada bajo el Número Único de Caso 202200053278. Entre las categorías se incluyen: solicitudes y fechas de apertura de cuentas u otros productos financieros, documentos de debida diligencia y perfil del cliente, perfil transaccional, contratos de apertura, identificación de beneficiarios finales, tarjetas de firmas y poderes especiales, boletas de depósito en efectivo, registros de transferencias bancarias nacionales e internacionales (incluyendo instrucciones SWIFT y transferencias ACH), estados bancarios del período 2018 a 2022 en formato impreso y digital, documentos de portafolio de inversión, registros de visitas a cajillas de seguridad, estados de cuenta de tarjetas de crédito y débito, y contratos de préstamos hipotecarios, prendarios, comerciales y agropecuarios con sus respectivos saldos. La documentación debe abarcar el período comprendido entre diciembre de 2018 y la fecha de contestación de cada entidad.
La amplitud de la solicitud refleja el objetivo de la Fiscalía de rastrear el flujo completo de fondos vinculados a Bosch y Villamorey durante un período de aproximadamente cuatro años, abarcando tanto operaciones locales como internacionales.
Esta resolución fue emitida cinco semanas después de que Lisa, S.A. presentara su <doc id="pty-202200053278-2022-07-27-a" /> el 27 de julio de 2022, que alega el desvío de más de $40,000,000.00 en dividendos. Constituye la primera medida investigativa concreta adoptada por la Fiscalía en este expediente. Ocho días después, mediante la <doc id="pty-202200053278-2022-09-09-a" /> del 9 de septiembre de 2022, la Fiscalía admitió formalmente la querella y reconoció a Lisa, S.A. como víctima legítima, lo que confirma que las diligencias de investigación bancaria se iniciaron incluso antes de la admisión formal del caso.