El 30 de mayo de 2023, la Fiscalía Metropolitana, mediante el <doc id="pty-202200053278-2023-05-30-a" />, solicitó al Juzgado Decimosexto Civil verificar si Juan Luis Bosch Gutiérrez compareció conforme al <doc id="pty-83573-21-2023-04-11-a" /> en el proceso de rendición de cuentas <law id="pty-83573-21" />, y coordinó una inspección ocular para el 5 de junio de 2023 para obtener copias autenticadas del expediente civil.
Lisa, S.A. presentó una <doc id="pty-202200053278-2022-07-27-a" /> ante el Ministerio Público de Panamá contra Juan Luis Bosch Gutiérrez, tanto a título personal como en calidad de apoderado general de Villamorey, S.A., por el presunto desvío de más de $40,000,000.00 en dividendos accionarios. La querella alega estafa agravada, delitos financieros, blanqueo de capitales y falsificación documental, sosteniendo que Bosch retuvo el 33.3% de los dividendos correspondientes a Lisa, ocultó registros contables y desatendió obligaciones de depósito judicial impuestas por el Juzgado Undécimo Civil. El Ministerio Público admitió la querella mediante la <doc id="pty-202200053278-2022-09-09-a" />, reconoció a Lisa como víctima legítima y ordenó una serie de diligencias bancarias y periciales dirigidas a rastrear el flujo de fondos vinculados a Bosch y Villamorey. La investigación penal se encuentra en fase activa, con medidas probatorias que incluyen requerimientos a múltiples entidades bancarias y solicitudes de verificación al Juzgado Decimosexto Civil en el conexo proceso de rendición de cuentas <law id="pty-83573-21" />.
El 27 de julio de 2022, Lisa, S.A. formalizó su <doc id="pty-202200053278-2022-07-27-a" /> ante la Segunda Sub Regional de Atención Primaria de la Fiscalía Metropolitana, contra Villamorey, S.A. y Juan Luis Bosch Gutiérrez, por una cuantía mínima aproximada de $40,000,000.00. La querella atribuye a los querellados cuatro categorías de conducta delictiva: estafa agravada (artículos 220-221 del Código Penal), por haberse procurado provechos ilícitos mediante engaño en perjuicio de Lisa; delitos financieros (artículos 244-246), por la ocultación sistemática de libros contables, estados financieros y toda información financiera de Villamorey; blanqueo de capitales (artículo 254), por la transferencia continua de recursos derivados de los delitos anteriores; y falsificación documental (artículos 370-371), por la supresión y presunta destrucción de documentos originales. La conducta se remonta a noviembre de 2008, cuando Bosch comunicó al Juzgado Undécimo Civil que las retenciones sobre dividendos de Lisa estaban a disposición del tribunal, sin haber rendido informe alguno como depositario judicial. Lisa ofreció pruebas documentales y periciales, incluyendo certificaciones del Registro Público, copia autenticada del Auto No. 2277-2018, y solicitó designación de peritos contables y financieros. Esta presentación marca la apertura del frente penal en la disputa entre Lisa y el grupo Villalobos, trasladando al ámbito criminal conductas que hasta entonces habían sido objeto exclusivo de litigio civil y comercial en Panamá.
La Fiscalía Metropolitana admitió formalmente la querella mediante la <doc id="pty-202200053278-2022-09-09-a" /> del 9 de septiembre de 2022. La Fiscal Adjunta, Lcda. Leydi Nuñez, verificó el cumplimiento de los requisitos de forma y fondo conforme a los artículos 79, 84, 88 y 89 del Código Procesal Penal, confirmando que los hechos fueron argumentados de manera clara y precisa, con indicación del lugar y modo de comisión de las conductas, los fundamentos de punibilidad y la estimación provisional de $40,000,000.00 en daños. La resolución reconoció a Harald Johannessen Hals, actuando en nombre propio y como representante legal de Lisa, S.A., como querellante legítimo en calidad de víctima, y a Juan Luis Bosch Gutiérrez como querellado en su condición de apoderado general de Villamorey. La Fiscalía advirtió que la admisión no implica que los delitos se encuentren probados, al tratarse de una etapa incipiente de la investigación. La admisión formal activó la fase investigativa penal y habilitó a la Fiscalía para dictar las medidas probatorias subsiguientes, consolidando la posición de Lisa como víctima reconocida por el Ministerio Público.
Ocho días antes de esa admisión, el 1 de septiembre de 2022, la Fiscalía Metropolitana dictó la <doc id="pty-202200053278-2022-09-01-a" />, que ordenó a todas las entidades bancarias en Panamá certificar si Juan Luis Bosch Gutiérrez y Villamorey, S.A. mantienen o han mantenido productos financieros, y remitir documentación detallada del período diciembre de 2018 hasta la fecha de respuesta. La orden abarca 18 categorías de información bancaria: solicitudes de apertura de cuentas, documentos de debida diligencia, perfiles transaccionales, contratos de apertura, identificación de beneficiarios finales, tarjetas de firmas, boletas de depósito en efectivo, transferencias nacionales e internacionales (instrucciones SWIFT y ACH), estados bancarios en formato impreso y digital, portafolios de inversión, registros de cajillas de seguridad, estados de tarjetas de crédito y débito, y contratos de préstamos con saldos vigentes. El fundamento legal invoca los artículos 75 y 418 del Código Procesal Penal, con apercibimiento de multa de $500.00 a $1,000.00 por incumplimiento. Emitida cinco semanas después de la querella y antes de su admisión formal, la orden confirma que la Fiscalía inició las diligencias investigativas incluso antes de admitir formalmente el caso, y su amplitud refleja la estrategia de rastrear el flujo completo de fondos de Bosch y Villamorey durante un período de aproximadamente cuatro años.
Tres meses después, el 7 de diciembre de 2022, la Fiscal Adjunta Licda. Rosa Calcedo González dictó una <doc id="pty-202200053278-2022-12-07-a" /> que ordenó específicamente al Banco G&T Continental entregar información financiera completa sobre Bosch y Villamorey, S.A. La resolución requiere dos categorías de información: si ambos mantienen o han mantenido cuentas de ahorro, corrientes, inversión, préstamos, tarjetas, plazos fijos, fideicomisos o cualquier otro producto bancario desde diciembre de 2018; y si han recibido o realizado transferencias internacionales (instrucciones SWIFT). G&T Continental, banco guatemalteco con presencia en Panamá, fue identificado como entidad donde reposa información relevante para la investigación. La extensión del requerimiento a G&T Continental amplía el alcance de la investigación más allá del sistema bancario panameño, apuntando a una entidad vinculada a la jurisdicción guatemalteca donde opera el grupo empresarial de los querellados.
Mediante el <doc id="pty-202200053278-2023-05-30-a" /> del 30 de mayo de 2023, la Fiscalía Metropolitana, Sección Quinta Contra el Patrimonio Económico, solicitó al Juzgado Decimosexto Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá verificar si Bosch compareció conforme al <doc id="pty-83573-21-2023-04-11-a" />, dictado el 11 de abril de 2023 dentro del Proceso Sumario de Rendición de Cuentas promovido por Lisa, S.A. (<law id="pty-83573-21" />). Dicho auto concedió a Bosch un plazo de diez días hábiles para comparecer y rendir cuentas. La Fiscalía coordinó una inspección ocular para el 5 de junio de 2023 y solicitó copias autenticadas de la demanda y del estado procesal actual del proceso civil. Al vincular la conducta de Bosch en el ámbito civil con la investigación penal, la Fiscalía busca demostrar que su reiterado incumplimiento de obligaciones judiciales (como depositario y como obligado a rendir cuentas) forma parte del mismo patrón de ocultamiento financiero que sustenta la querella por estafa.
La investigación penal permanece en fase activa, pendiente de que las entidades bancarias y el Banco G&T Continental cumplan con los requerimientos de información financiera, y de que la Fiscalía evalúe los resultados de la inspección ocular al conexo proceso de rendición de cuentas <law id="pty-83573-21" /> para determinar si el incumplimiento de Bosch en sede civil refuerza la imputación penal por estafa.