Denuncia penal contra exjueza por paralizar ejecución de $51.6M durante dos años
15 abr 2025
Lisa, S.A.
Lisa, S.A. presenta denuncia penal contra la licenciada Lesbia Wolfschon Puga, quien fungió como jueza del Juzgado Undécimo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá hasta diciembre de 2024, por los delitos de abuso de autoridad (artículo 355 del Código Penal) e infracción de los deberes de los servidores públicos (artículo 356 del Código Penal). La denuncia fue interpuesta ante la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía Anticorrupción del Sistema Penal Acusatorio, a través del abogado Carlos De Icaza Muñoz, apoderado de Lisa, S.A.
La denuncia se fundamenta en la conducta de la jueza durante el trámite del proceso ejecutivo promovido por Lisa, S.A. contra Villamorey, S.A. Mediante Auto No. 2567 de 22 de diciembre de 2021, el Juzgado Undécimo admitió la demanda ejecutiva simple de mayor cuantía y libró mandamiento de pago conforme al artículo 1454 del Código Judicial. La notificación al agente residente de Villamorey, S.A., la firma Galindo Arias y López, se cumplió el 7 de julio de 2022, y el 20 de julio de 2022 la parte demandada interpuso recurso de apelación en efecto devolutivo contra el auto de admisión.
Lisa, S.A. presentó oposición al recurso el 25 de julio de 2022, dentro del plazo legal. A pesar de que la apelación fue concedida en efecto devolutivo, conforme al numeral 2 del artículo 1138 del Código Judicial, la jueza mantuvo el proceso paralizado por más de dos años, negándose a continuar con el embargo sobre los bienes denunciados por la parte demandante.
La denuncia detalla tres gestiones realizadas por Lisa, S.A. para intentar destrabar el proceso:
Abuso de autoridad (artículo 355). La denuncia argumenta que la jueza, en su condición de servidora pública, abusó de su cargo al omitir la tramitación del proceso ejecutivo y negarse a ordenar el embargo de los bienes de Villamorey, S.A. La paralización del proceso por más de dos años, pese a que la apelación fue concedida en efecto devolutivo, configura una conducta arbitraria que causó perjuicio económico a Lisa, S.A. y vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva. La denuncia invoca la sentencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de 28 de agosto de 2014, que establece que el abuso de autoridad se configura tanto cuando el funcionario ejecuta un acto indebidamente como cuando se excede en el ejercicio de sus funciones.
Infracción de deberes (artículo 356). La denuncia sostiene que la jueza rehusó, omitió y retardó actos propios de su cargo al no tramitar el proceso ejecutivo ni dictar las resoluciones necesarias durante más de dos años. La conducta fue ilegal porque contravino las disposiciones del Código Judicial que exigen la continuación del trámite ejecutivo pese a la apelación en efecto devolutivo. La denuncia destaca que la jueza también tramitó el proceso declarativo que dio origen al título en ejecución, lo que evidencia un patrón sostenido de incumplimiento: primero al no hacer efectiva la decisión adoptada en la fase declarativa y luego al obstaculizar su ejecución.
"Su actuación no solo priva a la parte demandante del derecho a una tutela judicial efectiva, sino que erosiona la confianza en la administración de justicia al permitir que una sentencia firme quede en letra muerta por la propia omisión del órgano llamado a hacerla cumplir." (Página 7)