La Fiscalía Anticorrupción archivó la querella de Villamorey contra la jueza Le Ferrec al concluir que la omisión del reclamo fue un yerro procesal corregido, sin configurarse abuso de autoridad.

Antecedentes

El abogado Moisés Joel Bartlett Quiel, en representación de Ramiro López Nimatuj (representante legal de Villamorey, S.A.), interpuso querella formal contra la jueza Le Ferrec del Juzgado Cuarto de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá. La denuncia se centró en dos señalamientos: primero, que la jueza dictó el Auto de Embargo No. 1234/14606-21 de 2 de agosto de 2022 a favor de Lisa, S.A. por la suma de $44,910,912.00 dentro del proceso especial de rendición de cuentas (Exp. 14606-21), sin haberse pronunciado sobre un escrito de reclamo presentado por Villamorey el 11 de noviembre de 2021; segundo, que la jueza resolvió más allá de lo peticionado por la parte demandante, lo que según el querellante constituía un acto arbitrario y abusivo.

Actos de Investigación

La Fiscalía Anticorrupción llevó a cabo las siguientes diligencias:

• Consulta a la Secretaría Técnica de Recursos Humanos del Órgano Judicial, que informó que no constaba queja alguna contra la jueza Le Ferrec por parte de la firma Bartlett Quiel Abogados
• Obtención de copias autenticadas de las principales piezas procesales del expediente civil entre Lisa, S.A. y Villamorey, S.A.
• Verificación ante el Primer Tribunal Superior de que no existía proceso disciplinario contra la jueza
• Entrevista a Kathia Camero, funcionaria del Juzgado Cuarto de Circuito Civil, quien explicó el procedimiento seguido en el caso
• Entrevista a la propia jueza Solange Le Ferrec, quien declaró que el escrito de reclamo de Villamorey estaba contenido dentro del memorial de contestación (no en escrito separado), lo que provocó que la tramitante del despacho lo omitiera al momento de dar curso al expediente

Análisis del Fiscal

La Fiscalía aplicó el estándar jurisprudencial del delito de abuso de autoridad (artículo 355 del Código Penal), que exige la concurrencia de un acto arbitrario cometido con dolo, es decir, con conciencia de la ilegalidad del acto ejecutado. El Fiscal citó la Sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 8 de septiembre de 2008, que establece que no se penaliza cualquier resolución contraria a derecho, sino únicamente la actividad consciente y reflexiva de emitir una resolución a todas luces desmotivada, nacida del capricho del servidor público con plena intención de causar perjuicio.

La investigación acreditó que, una vez identificada la omisión, el Juzgado dictó el Auto No. 1473/14606-21 de 23 de septiembre de 2022, admitiendo la reconsideración interpuesta por la firma forense Galindo, Arias y López (apoderados de Villamorey) y dejando sin efecto en su totalidad el Auto de Embargo No. 1234/14606-21, el edicto de notificación y todos los oficios girados a entidades bancarias. El proceso se retrotrajo para resolver el reclamo interpuesto por Villamorey. Este proceder se ajustó al artículo 1129 del Código Judicial, que faculta al juez para revocar de oficio cualquier providencia o auto.

"Lo que se sanciona penalmente, es la actividad consciente y reflexiva de emitir una resolución o acto a todas luces desmotivado, que nace a la vida jurídica producto de la voluntad o capricho del servidor público; de un acto dispositivo absurdo e irracional, elaborado o materializado con plena intención para causarle un perjuicio a alguna persona." (Página 4)

La Fiscalía concluyó que no se materializaba el delito: la corrección procesal mediante reconsideración demostró que el juzgado actuó conforme a las normas de procedimiento, y no existió acto arbitrario, conducta dolosa ni perjuicio derivado de un ejercicio ilegal del cargo.

Resolución

• Ordenar el archivo de la Noticia Criminal No. 202200067006, al no configurarse el hecho punible
• Dar salida a la carpetilla en la plataforma tecnológica del Portal del Sistema Penal Acusatorio

Fundamento de Derecho

• Artículos 355 y 356 del Código Penal — tipificación del delito de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos, cuya configuración requiere dolo y un acto arbitrario que no encuadre en otro tipo penal
• Artículo 275 del Código Procesal Penal (Ley 63 de 28 de agosto de 2008) — facultad del Fiscal para disponer el archivo cuando los hechos no constituyen delito o no es posible individualizar al autor
• Artículo 1129 del Código Judicial — fundamento de la reconsideración que corrigió el yerro procesal, confirmando que la jueza actuó dentro de sus atribuciones legales

Signatarios

• Jacinto Pérez Domínguez, Fiscal de Circuito Anticorrupción del Sistema Penal Acusatorio, Sección de Decisión y Litigación Temprana, Procuraduría General de la Nación